Artículo de Opinión: Ley de Dependencia

BOICOT A LOS/AS CIUDADANOS/AS
En 2007 fuimos espectadores de un hito histórico en la respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, con la formulación y aprobación de la Ley para la promoción de la autonomía y desarrollo personal de personas en situación de dependencia.
Una Ley sobradamente fundamentada, coherente en sus principios y actuaciones previstas y, progresista, por lo que supone en el avance para el reconocimiento de derechos sociales. Porque la Ley, no sólo redunda en las personas dependientes sino que además aporta un valor añadido a la calidad de vida de los/as familiares/cuidadores/as que hasta ahora asumen el coste emocional y material que por ley, éste último, es responsabilidad pública.
Ahora bien, esta Ley, progresista, avanzada, producto de sociedades prósperas, avanzadas y en las que la solidaridad es un valor que guía a la acción pública, en la Comunidad Valenciana está siendo boicoteada. Y todo se reduce a una cuestión de voluntad política. En este sentido cabría preguntar por qué el Gobierno de la Generalitat Valenciana no quiere desarrollar e implantar la Ley en nuestro territorio, adoptando una postura victimista y justificándose con pretextos que rozan la desfachatez, y que nos hacen pensar que consideran a los ciudadanos algo así como “cortitos de entendederas”: “(...) la gran avalancha de solicitudes (...), “(...) el sistema informático del Ministerio que no funciona (...)”
Pero lo cierto, y datos hay de sobra, es que no hay voluntad política, en un nuevo intento del gobierno valenciano de hacer oposición. Lo cierto es que la administración central ha cumplido su compromiso de cofinanciación. Lo cierto es que en otras comunidades autónomas la Ley se está aplicando, e incluso hay algunas en las que se están cumpliendo los plazos de aplicación que marcó el Ministerio. Lo cieto es que la Generalitat no ha contratado a los valoradores que debía contratar para hacer frente al volumen de demandas que estaban previstas. Lo cierto es que las valoraciones y resoluciones (escasas por cierto) se dilatan en el tiempo porque no hay compromiso por parte de este gobierno valenciano ni con las familias ni con las personas más vulnerables. Lo cierto es que exigen tanta documentación y tanto trámite que todavía hace que se retrase más la posible prestación. Lo cierto es que otros proyectos más costosos y menos rentables socialmente se piensan y se ejecutan sin tanta justificación. Lo cierto es que la Ley de Dependencia no se inaugura como la Amarica´s Cup, y por tanto no hay fotos rodeados de la “jet”. Lo cierto es que ningún responsable de la Consellería de Bienestar Social ha salido a la palestra a dar la cara, con una respuesta fundamentada, entre otras, cosas porque no la hay. Lo cierto es que el Gobierno valenciano sigue con su estrategia meramente política y resultadista de invisibilizar los déficits en la gestión de lo público, de lo social, de lo sanitario, de la educación, en definitiva, las carencias en los pilares del bienestar social, centrando todos sus esfuerzos en proyectos faraónicos, que tal vez algún día, sepamos cuanto nos han costado a los ciudadanos y en qué situación económica han dejado las arcas públicas (que también son nuestras). Y sobre todo, tendrían que explicarnos por qué priorizan su estrategia de oposición al gobierno central desde la Comunitat Valenciana, en lugar de asumir y ocuparse de las competencias que le corresponden. Más bien, huele a posicionamiento para la sucesión.

Manuel Andrés Martínez Sánchez